José Camilo Manzur, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), expresó este martes, desde Barranquilla, su preocupación por las deudas acumuladas por concepto de subsidios de energía a las empresas comercializadoras de este servicio en el país.

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El directivo aseguró que el Gobierno Nacional mantiene una deuda, en aumento, de $3.1 billones solo en subsidios, lo que traería consigo grandes afectaciones a los usuarios de estratos más bajos, especialmente en la región Caribe.

Indicó que de no pagarse esta deuda, las facturas de energía podrían incrementarse hasta en un 100% en el estrato 1 en la Costa Caribe y de un 140% en zonas como el Chocó.

“Los subsidios son un tema de redistribución del ingreso a cargo del Estado. Las empresas siempre hemos financiado los subsidios y quisiéramos seguir haciéndolo, pero cuando se está en un problema de liquidez cercano a $7.6 billones, estamos con el agua al cuello y no tenemos recursos para poder seguir financiando”, dijo.

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En ese sentido, Manzur hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con el pago de subsidios de energía adeudados a las empresas comercializadoras. Sostuvo que cerca del 40% del déficit de subsidios se genera en la región Caribe.

“Confiamos que el Gobierno le dé absoluta prioridad al tema de subsidios, porque es preocupante”, enfatizó.

El director de Asocodis manifestó que, a corte de marzo, la deuda total del Estado cerró en $7.6 billones, de los cuales $3.1 billones son por opción tarifaria, $2.9 billones en subsidios, 1.2 b billones de deuda oficial y $400 mil millones de pesos de los precios de bolsa. A cierre del mes de abril, la deuda por subsidios se incrementó a $3.1 billones.

“En el Presupuesto de la Nación, de la vigencia 2025, no hay recursos para financiar subsidios de cerca de nueve meses. Es bien preocupante la situación”, anotó.

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Por otra parte, aseguró que las deudas de los usuarios oficiales a las empresas comercializadoras son cercanas a $1.2 billones. En ese sentido, hizo un llamado para que apropien en su presupuesto los recursos de servicios públicos y paguen de manera oportuna.

“Hemos pedido a la Procuraduría que realice unas investigaciones disciplinarias y sancione de manera ejemplar a aquellas instituciones o funcionarios que no están cumpliendo con su deber legal de apropiar y de pagar los servicios públicos”, apuntó Manzur.